En México, las mujeres se encuentran en condiciones de profunda desigualdad en relación a los hombres, ya que la cultura de respeto a los derechos humanos de las mujeres es aún limitada e incipiente. Las mujeres encuentran barreras sociales, pol��������ticas y culturales para el reconocimiento de sus derechos, lo que se traduce en su no participación social, política y cultural, el no acceso en la toma de decisiones, el no acceso y control de los recursos, el no acceso a bienes y servicios, el no acceso a espacios de formación y capacitación, entre otros, así como el desconocimiento y la violación permanente de sus derechos humanos.

La discriminación y la violencia de género están presentes en todos los ámbitos de la sociedad mexicana. Las instituciones como la familia, las iglesias, el sistema escolar, los medios de comunicación, los partidos políticos, los sindicatos, las instancias de gobierno, etc., siguen reproduciendo y replicando la estructura patriarcal en sus sistemas, fomentando las desigualdades de g����nero que obstaculizan el reconocimiento y el respeto de los derechos humanos de las mujeres.

La violencia de género refleja la asimetría que existe en las relaciones de poder entre mujeres y hombres. Es una estrategia de poder, un mecanismo social clave para perpetuar la subordinación y la desvalorización de las mujeres y de lo femenino frente a los hombres y lo masculino. Lo que diferencia a este tipo de violencia de otras formas de agresión y coerción es que el factor de riesgo o de vulnerabilidad es por el sólo hecho de ser mujeres. Por ser mujeres, son violentadas y maltratadas de diferentes maneras: f��sica, sexual, psicológica, económicamente, etc. Las mujeres se encuentran, de manera permanente, en una situación de riesgo y vulnerabilidad.

En nuestro país, 67 de cada 100 mujeres mayores de 15 a��os ya sufrieron alg��n acto de violencia en su relación de pareja o en los espacios comunitarios, de trabajo, familiar o escolar. Los feminicidios y las violaciones sexuales contra las mujeres, son las agresiones más frecuentes, sobre todo en 279 de los 2 mil 443 municipios que existen en el país. Se destaca, que la mayor parte de esas agresiones ocurren en el seno familiar, pues 58 % de los feminicidios registrados en el 2003 fueron cometidos por sus parejas y en 63.29 % de los casos de abuso sexual, las mujeres denunciaron a un familiar cercano como su agresor.

La violencia alcanza, en diez entidades federativas, niveles por encima de la media nacional: 78.5% en Jalisco; 78.2% en el Estado de México; 76.8% en el Distrito Federal; 71.3% en Colima; 70.6% en Aguascalientes; 70.1% en Durango; 69.8% en Puebla; 69.3% en Morelos; 68.5% en Sonora y 67.7% en Chihuahua.

En el Distrito Federal, las mujeres de 15 a��os y más, el 76.8% ha vivido incidentes de violencia por parte de su pareja o de otras personas en su familia, en la comunidad, en el trabajo o en la escuela. La violencia m��s frecuente contra las mujeres es la comunitaria, 59.6% de las mujeres de 15 años y más señalan haber sufrido violencia en algún espacio público. De las mujeres de 15 y más años, alguna vez unidas, 56.1% fue maltratada por su pareja. Entre las ocupadas en alguna escuela, 35.7% fue objeto de violencia laboral. De las muertes femeninas��������por homicidio, en 5.8% de los casos se tiene el conocimiento que el suceso fue perpetrado por un familiar.

La violencia contra las mujeres es una violación a sus derechos humanos y atenta contra su dignidad, integridad y libertad. Constituye una flagrante transgresi��n de los principios consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Es una violación del derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad; del derecho a no ser sometida a tratos crueles, inhumanos o degradantes; de la igualdad ante la ley y el derecho a igual protecci��n de la ley; es una violación del derecho al afecto, a la paz; del derecho al desarrollo personal; del derecho a la participación social y política; del derecho a la libertad de expresión y del derecho a una buena salud física y mental.

Un avance relevante es que en las conferencias internacionales de la ONU y en los foros internacionales han emanado instrumentos fundamentales para la defensa de todos los derechos de las mujeres y para su ampliación, como son los casos de la CEDAW y la Convenci������n de Belém do Par��, sin duda como resultado de un proceso de muchos años de lucha y de propuestas de los movimientos feministas y de mujeres. A nivel nacional y local, se han logrado avances en la legislaci��n para reconocer los derechos de las mujeres y, específicamente, para erradicar la violencia en contra de las mujeres. Se destaca la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, aprobada en 2007, que tiene por objeto establecer los principios y criterios que, desde la perspectiva de género, orienten las políticas públicas para reconocer, promover, proteger y garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia; así como establecer la coordinación interinstitucional para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, as�� como la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Distrito Federal, aprobada en el 2008.

A cuatro a������������������������������������os de la publicaci����������������������������������������n de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, es evidente la falta de implementación y efectividad de la misma, por la incapacidad de los mecanismos dise��ados para su cumplimiento, y prueba de ello es que las mujeres siguen enfrentando en su vida cotidiana niveles altísimos de violencia, el aumento de los feminicidios y la inoperancia de las instituciones gubernamentales encargadas de atender esta problem��tica.

Es fundamental que como organizaciones feministas de la sociedad civil sigamos participando en espacios amplios y redes, específicamente, del movimiento feminista, como el Observatorio Ciudadano de los Derechos Humanos de las Mujeres, para continuar monitoreando y presionando el cumplimiento de esta ley, y sobre todo que se haga realidad en la vida cotidiana de las mujeres. En este sentido, nos parece relevante que las mujeres de este país, principalmente las que se encuentran en condiciones de mayor marginaci������������n, conozcan la existencia de esta ley, los mecanismos gubernamentales que existen para implementarla y que puedan exigir de manera colectiva y organizada el acceso a su derecho a una vida libre de violencia.

Escrito por:

 

Paula Regueiro Noriega

Socia del Grupo de Educación Popular con Mujeres, A. C.